El Pacto aborda la necesidad de continuar con la regulación contractual (más
allá del 8 de julio 2013), siempre y cuando las partes negociadoras se
comprometan a continuar negociando, a la vez que cualquiera de las partes…”podrá
decidir que la negociación está agotada y, por tanto, instar la mediación
obligatoria o el arbitraje voluntario…”, por lo tanto, nada nuevo que no recoja
la Reforma Laboral 3/2012, que ya establecía esa posibilidad de que una de las
partes entendiendo que no se está negociando de buena fe por la otra, puede
instar procedimientos de mediación e inclusive arbitraje.
Igualmente, el Pacto resuelve las situaciones de bloqueo en la negociación
colectiva, con un…”deberán acudir a los sistemas de solución extrajudicial de
conflictos...”
Desde la CGT, entendemos que es un viaje a ninguna parte,
que precisamente esto es lo que se pretende (consensos), desactivar el conflicto
social y, así se expresa textualmente en la exposición de motivos del Acuerdo...
“dar certidumbre y seguridad a empresarios y trabajadores”
Desde el punto de vista jurídico, nada está resuelto, veremos cuando se
judicialicen los primeros Convenios Colectivos que pierdan eficacia.
Para la CGT, desde el punto de vista sindical, la voluntad de
volver a lo anterior (pacto, consenso), es todo lo contrario del principio de
esperanza para las clases asalariadas, pues desactiva el conflicto existente en
las relaciones laborales concretas de sectores o empresas, volviendo a insistir
en una cultura que imposibilita la interconexión y generalización del
conflicto con un nexo ahora común a todas las personas asalariadas.
La pérdida del Convenio Colectivo, a la vez que es una declaración de derrota
cara a los y las trabajadoras, se vende con una idea absolutamente falsa
consistente en que el pacto para prorrogar los convenios, enmienda
sustancialmente la reforma laboral.
Para la CGT, la más grave de esta estrategia llamada pacto social es que
frena la lucha contra el desmantelamiento de los derechos laborales y sociales,
y nos aleja aún más de la posibilidad de organizar el conflicto para cambiar e
impedir el desastre laboral y social.
Para la CGT, los convenios colectivos tienen la fuerza normativa de la
legalidad y afectan a todos las y los trabajadores/as y la vigencia de
todas y cada una de las condiciones colectivas, se mantendrá sin límite
hasta su sustitución por otro nuevo convenio.
Esto es lo que hay que defender en las negociaciones en cualesquiera de los
ámbitos en que estas se den, sectoriales o de empresas y, solo la capacidad
organizada de los y las trabajadoras, es la que hará respetar las reglas de
juego que tanto han costado a la lucha sindical en este modelo de relaciones
laborales.
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