SON POLÍTICAS SOCIALES que se basan en la concepción de proteger a las
personas ante estados de necesidad, por ejemplo, cuando no tenemos trabajo o,
cuando termina nuestro ciclo de trabajo obligatorio y nos jubilamos.
El compromiso político y jurídico de estas políticas Sociales es
garantizar de manera universal para todas las personas, sus
necesidades vitales y la Ley así obliga: “...los poderes públicos
garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente
actualizadas, la suficiencia económica a la ciudadanía durante la tercera
edad… (Artículo 50 CE).
Este mandato constitucional obliga a todos los gobiernos,
sean del signo que sean, a garantizar que existirán recursos económicos
suficientes para que todo el mundo tenga una PENSION adecuada en cada momento de
su vida.
Los poderes públicos tienen ingresos suficientes a través de los impuestos,
porque la riqueza social que generamos todas las personas, es cada vez mayor y,
los estados tienen capacidad jurídica y política para fijar de donde se recauda,
quien debe aportar más en función de sus ingresos y como gastar ese dinero para
cumplir con la obligación de cubrir la necesidades vitales de las personas.
Por lo tanto, que no te cuenten cuentos. LAS PENSIONES HAY QUE
PAGARLAS… y punto.
¿De qué va esto de recortar el derecho a las pensiones suficientes
para todos y todas?
Pues sencillamente que este Gobierno, al igual que ya lo
hizo el Gobierno del PSOE, como única respuesta política a su
crisis-estafa, ha decidido recortar el gasto social además de, en
sanidad, educación, dependencia e inversión en los servicios públicos, ahora en
PENSIONES.
¿Porque esta brutalidad sobre las personas pensionistas,
cuando más del 50% de los 8,3 millones de pensionistas, reciben una pensión
mensual de menos del salario mínimo, es decir 640 euros al mes?
Porque el PP es el representante de los poderes reales: la banca (Santander,
BBVA, La Caixa, Banco Popular, Bankia) y las Aseguradoras que todas pertenecen a
la banca y las grandes Empresas de la construcción, energía y
telecomunicaciones, es decir, de quienes han generado una de las mayores estafas
(ellos le llaman crisis) de los últimos 70 años y, el PP –al igual que
anteriormente el PSOE- no tiene ningún rubor en robar a la ciudadanía
más de 45.000 millones de euros (recortes en sanidad, educación y
dependencia) y entregárselos a los banca.
Ahora quieren aún más. Todos estos recortes disminuyen las
pensiones:
-Jubilarse más tarde (a los 67 años).
-Penalizar las jubilaciones anticipadas.
-Aumentar los años de cotización reales, hasta los 37 años,
para poder tener derecho al 100% de la Base Reguladora.
-Aumentar el período de cálculo de la Base Reguladora, sobre
el que se calcula la pensión: de los 15 años a los 25 años.
-No revalorizar anualmente las pensiones según el coste de
vida (el llamado Índice de revalorización)
-Disminuir la pensión inicial en función de la esperanza de vida de
las personas (el llamado factor de sostenibilidad)
Esto supone que de aquí al 2027, el estado (gobierne quien gobierne), nos
roba a toda la ciudadanía cerca de 33.000 millones de euros.
Esto supone bajadas automáticas de todas pensiones cada año (Índice de
revalorización anual, desligado del coste de la vida) y perdida de entre un 5% y
un 20% inicial en la pensión de cada nueva persona pensionista a partir del 2019
(Factor de Sostenibilidad).
Esto supone una VIOLACIÓN del derecho a pensiones
suficientes y adecuadas.
Esto supone que Banca y Aseguradoras, vean transferidos gran parte de
nuestros recursos públicos en pensiones, que actualmente suponen unos 120.000
millones de euros, a sus sistemas privados de pensiones.
Esto supone instaurar el TERROR sobre la población, la cual
no puede entender como tenemos más de 6 millones de personas sin trabajo, como
tenemos salarios de la mayoría de las personas ocupadas por debajo de los 800
euros y como tienen la desvergüenza e inhumanidad de decir que no existen
cotizaciones suficientes y que los ingresos son insuficientes, cuando ellos y
ellas provocan este “desastre”.
Esto supone que millones de personas de las generaciones que entraron o
debieran haber entrado al mercado de trabajo en la década de los 90 del siglo
pasado, y soportan tasas de desocupación de hasta el 57%, no van a tener
derecho a pensión contributiva, por no tener años suficientes de
cotización y pasarán a la beneficencia o pensión asistencial.
Hay que pararlos porque nos quieren robar el Futuro
Por un sistema Público y suficiente de pensiones para Todas y Todos:
Repartamos el trabajo y repartamos la riqueza
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