El Pacto aborda la necesidad de continuar con la regulación contractual (más 
allá del 8 de julio 2013), siempre y cuando las partes negociadoras se 
comprometan a continuar negociando, a la vez que cualquiera de las partes…”podrá 
decidir que la negociación está agotada y, por tanto, instar la mediación 
obligatoria o el arbitraje voluntario…”, por lo tanto, nada nuevo que no recoja 
la Reforma Laboral 3/2012, que ya establecía esa posibilidad de que una de las 
partes entendiendo que no se está negociando de buena fe por la otra, puede 
instar procedimientos de mediación e inclusive arbitraje.
Igualmente, el Pacto resuelve las situaciones de bloqueo en la negociación 
colectiva, con un…”deberán acudir a los sistemas de solución extrajudicial de 
conflictos...”
Desde la CGT, entendemos que es un viaje a ninguna parte, 
que precisamente esto es lo que se pretende (consensos), desactivar el conflicto 
social y, así se expresa textualmente en la exposición de motivos del Acuerdo... 
“dar certidumbre y seguridad a empresarios y trabajadores”
Desde el punto de vista jurídico, nada está resuelto, veremos cuando se 
judicialicen los primeros Convenios Colectivos que pierdan eficacia. 
Para la CGT, desde el punto de vista sindical, la voluntad de 
volver a lo anterior (pacto, consenso), es todo lo contrario del principio de 
esperanza para las clases asalariadas, pues desactiva el conflicto existente en 
las relaciones laborales concretas de sectores o empresas, volviendo a insistir 
en una cultura que imposibilita la interconexión y generalización del 
conflicto con un nexo ahora común a todas las personas asalariadas.
La pérdida del Convenio Colectivo, a la vez que es una declaración de derrota 
cara a los y las trabajadoras, se vende con una idea absolutamente falsa 
consistente en que el pacto para prorrogar los convenios, enmienda 
sustancialmente la reforma laboral.
Para la CGT, la más grave de esta estrategia llamada pacto social es que 
frena la lucha contra el desmantelamiento de los derechos laborales y sociales, 
y nos aleja aún más de la posibilidad de organizar el conflicto para cambiar e 
impedir el desastre laboral y social.
Para la CGT, los convenios colectivos tienen la fuerza normativa de la 
legalidad y afectan a todos las y los trabajadores/as y la vigencia de 
todas y cada una de las condiciones colectivas, se mantendrá sin límite 
hasta su sustitución por otro nuevo convenio.
Esto es lo que hay que defender en las negociaciones en cualesquiera de los 
ámbitos en que estas se den, sectoriales o de empresas y, solo la capacidad 
organizada de los y las trabajadoras, es la que hará respetar las reglas de 
juego que tanto han costado a la lucha sindical en este modelo de relaciones 
laborales. 
 
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