Ayer, día 29, el Congreso aprobó, definitivamente, el Estatuto Básico del Empleado Público. El conspicuo ministro Sevilla, tan aficionado al autobombo, presentó la norma como "instrumento esencial para mejorar la calidad de la prestación de los servisios a los ciudadanos. Hará una Administración más ágil, flexible y rápida." Las normas de desarrollo se negociarán (¡cómo no!) con CCOO, UGT y CSIF, acostumbrados a hablar de los trabajadores públicos sin consultarles.
El ministro anunció también la promulgación inmediata de tres decretos urgentes: la regulación del teletrabajo (otra medida propagandística), la medición de la evalauación del rendimiento (por el que se podrá remover a los funcionarios de los puestos ganados en concurso) y la regulación del directivo público (la nueva figura creada por el Estatuto y que supondrá el incremento del dedismoincontrolado en la Administración.
El Estatuto no recoge las reivindicaciones clásicas del funcionariado: cláusula de revisión salarial o la igualación en la edad voluntaria de jubilación. Mal día para los trabajadores. Enhorabuena para los sindicatos pactistas: nos han vendido de nuevo.
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