O Secretariado Permanente do Comité Confederal da
CGT ven de facer público o segunte comunciado, que pasamos a reproducir polo seu interese xeral:
La operación “Araña”, las multas a manifestantes en Valencia y
otras ciudades o la prohibición de manifestaciones públicas no son más
que algunas muestras de los ataques a la libertad de expresión que se
incrementarán con la entrada en vigor de la llamada “Ley Mordaza”.
La Confederación General del Trabajo (CGT), como organización
implicada en las luchas sociales, viene denunciando desde hace tiempo el
endurecimiento de las leyes y actuaciones represivas puestas en marcha
por el Gobierno central, a través de las diversas instancias jurídicas o
policiales, donde agresiones de la policía del Estado o de los Mossos y
la Ertzaina (Catalunya y Euskadi) menudean y ponen de manifiesto la
fragilidad del sistema democrático español.
La CGT y el conjunto del sindicalismo alternativo cuenta ya con
docenas de afiliados que han sido condenados o están en espera de juicio
por su supuesta participación en actos tan poco peligrosos para la
seguridad de la ciudadanía como participar en piquetes de huelga, hacer
una pintada, acudir a manifestaciones o realizar protestas simbólicas
como quemar fotocopias de billetes u organizar procesiones ateas.
Concretamente en Valencia, donde tantos casos de represión se han
producido y aún sigue abierto el caso de las actuaciones policiales en
la Primavera Valenciana, la plataforma de colectivos sociales ’Juntes
sense por’ (Junt@s sin miedo) de la que CGT forma parte, ha denunciado
recientemente el inicio de expedientes sancionadores de entre 300 y
6.000 euros de multa a seis participantes en una rueda de prensa y la
detención de otro tras la manifestación del pasado 19 de febrero en
Valencia contra la Ley de Seguridad Ciudadana —conocida como ’Ley
Mordaza’— «solo por el hecho de acudir a una convocatoria anunciada
públicamente» y no por los actos violentos que la propia policía asegura
tuvieron lugar en ella.
En Barcelona y otras localidades catalanas se desarrollaron
aparatosas operaciones policiales para, supuestamente, desarticular
organizaciones anarquistas de cuya existencia y peligrosidad reales hay
algo más que serias dudas. Pero a pesar de esas dudas fundadas, la
mayoría de los detenidos en tales operaciones no sólo siguen en prisión,
sino que están siendo separados y alejados de sus lugares de
residencia, para aislarlos de sus conocidos y familiares.
Llamativa y sorprendente ha sido también la “Operación Araña” bajo la
que se ha detenido a varias personas por opiniones o comentarios
vertidos en las redes sociales, incluido el miembro de un conocido grupo
musical. Con independencia del buen o mal gusto de los comentarios
emitidos, no podemos dejar de lamentar que desde esas mismas páginas se
esté amenazando seriamente de muerte activistas de organizaciones de
izquierda, sin que el Estado muestre la misma contundencia. Tampoco
desde CGT creemos que sea proporcionada la dureza con que se actúa
contra el texto de una canción y lo laxa que es la justicia ante casos
de corrupción como los que llenan a diario nuestra actualidad.
Por último, aunque nos tememos que la cosa no se detendrá, salvo que
la población se movilice, nos enfrentamos a varias prohibiciones que se
han realizado respecto a actos convocados para este sábado 23 de mayo.
En concreto, nos referimos a la concentración para reflexionar sobre la
situación política, convocada por el movimiento 15M con motivo de su IV
aniversario en la madrileña Puerta del Sol, anacrónica prohibición que
originó la toma de la plaza por la policía y la identificación de
decenas de personas, así como la acción convocada en Barcelona por la
CGT y otros colectivos sociales en contra de la multinacional Monsanto,
culpable de la introducción de peligroso pesticidas y semillas
transgénicas en la agricultura de numerosos países y que ponen en grave
riesgo nuestra salud y la soberanía alimentaria, aunque ésta fue
posteriormente autorizada por la Junta Electoral.
Para CGT es un abuso de autoridad y un anacronismo que se justifique
tal prohibición alegando la coincidencia con la Jornada de Reflexión, ya
que dichas protestas nada tienen que ver con la campaña electoral
partidista y, además, en estos momentos de poco sirve decretar una
jornada sin actividad política, cuando tantas formas hay de esquivar
esta vieja norma, que ya no existe en otros países de nuestro entorno.
Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
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